En los últimos años, distintos estudios coinciden en que el desarrollo de las ciudades no puede pensarse de espaldas a sus territorios rurales. Alcanzar un desarrollo local integral requiere fortalecer las economías rurales y superar la idea de que el progreso de estos espacios solo puede darse como un “derrame” de las dinámicas urbanas. Esto implica, además, incorporar a la planificación territorial conceptos como la justicia territorial, entendida como la necesidad de que las políticas públicas no reproduzcan desigualdades entre campo y ciudad, sino que generen condiciones equitativas para ambos.
Estas reflexiones han encontrado eco en procesos de planificación de mediano y largo plazo. En efecto, las preocupaciones sobre el futuro de la alimentación, la salud y el ambiente han renovado los análisis sobre el metabolismo urbano —es decir, los flujos de energía, alimentos y recursos que sostienen a las ciudades— y han impulsado estrategias de reactivación económica rural y fortalecimiento de sistemas alimentarios de proximidad.
Scott et al. (2025), en su obra Rural Planning Futures, consideran a las áreas rurales como pieza clave frente a desafíos globales como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la gestión del agua. En diversas localidad del primer mundo, la ruralidad ha dejado de ser vista como un “espacio vacío” y se ha convertido en un eje central de la planificación metropolitana. Así por ejemplo, la estrategia alimentaria londinense apunta a que, hacia 2050, el 60 % de los alimentos consumidos provengan de producciones locales: urbanas, periurbanas y rurales cercanas. Esta visión, además de aportar en términos económicos y sociales, también tiene beneficios ambientales al reducir las distancias de transporte y fortalecer una economía de proximidad.
En América Latina, aunque la planificación urbana todavía no coloca a lo rural en el centro de sus políticas, el debate sobre el futuro de la alimentación empieza a cobrar fuerza. Entre 2010 y 2020, se identificaron más de 60 estudios que elaboraron escenarios sobre cómo garantizar el abastecimiento alimentario de las grandes ciudades de la región (Patrouilleau, Taraborrelli y Alonso, 2021). Estas investigaciones subrayan el potencial de los “anillos verdes” —las franjas rurales y rururbanas que rodean las ciudades— como motores de empleo, espacios de producción sostenible y lugares donde es posible transformar los hábitos de consumo hacia opciones más locales y responsables.
En Ecuador, aunque en el discurso se reconoce la importancia de los territorios rurales como parte fundamental del desarrollo, en la práctica el Estado central da cuenta de un retroceso institucional en la planificación para el desarrollo, así como en la institucionalización del desarrollo territorial. Un ejemplo evidente es la falta de actualización del censo agrícola y pecuario, una herramienta indispensable para contar con información sólida que permita formular políticas públicas coherentes de desarrollo rural. Ante esta ausencia, los gobiernos locales buscan respuestas a través de la planificación territorial integrada, aunque este sigue siendo un desafío de gran magnitud. Como advierten Zhou, Wang y Li (2023), este desafío no se resuelve únicamente con declaraciones: exige rediseñar la institucionalidad, replantear la distribución de los recursos y fortalecer una gobernanza que permita articular de manera efectiva el campo y la ciudad.
Territorios “rurales” y rurales del Quito Metropolitano.
El caso del área metropolitana de Quito resulta especialmente interesante. Desde 2023, la ciudad ha apostado por dinamizar su sector rural como una parte estratégica de su desarrollo local. Sin embargo, este proceso enfrenta tensiones políticas y económicas relacionadas con el control del espacio físico y social, lo que dificulta avanzar hacia una gobernanza metropolitana sólida
Las parroquias rurales del DMQ poseen realidades muy distintas. Diez parroquias, aunque oficialmente “rurales”, se han convertido en áreas periurbanas y conurbadas desde hace más de dos décadas y hoy presentan un crecimiento demográfico sostenido. En cambio, otras 13 parroquias muestran procesos importantes de expulsión de población: tienen tasas de crecimiento bajas o nulas, un fuerte envejecimiento y altos niveles de migración hacia la ciudad. Son, justamente, las parroquias con grandes anillos verdes, dedicadas a la producción agropecuaria, el turismo y la protección ecosistémica.
Este panorama revela que la actual división política entre parroquias urbanas y rurales no refleja la complejidad de la “ruralidad de Quito”. Repensar el rol de estos territorios en la planificación local exige ir más allá de esa simple dicotomía. En este sentido, hoy pueden identificarse cuatro tipos de territorios “rurales” y rurales en el Distrito:
Tipo 1: 12 parroquias “conurbadas o periurbanas” – donde la denominación “rural” se mantiene únicamente desde una perspectiva político-administrativa.
Tipo 2: 9 parroquias “rururbanas”, (sin procesos de expulsión demográfica).
Tipo 3: 5 parroquias rurales agroproductivas - predominio de suelo agrícola, altas tasas de expulsión demográfica.
Tipo 4: 8 parroquias rurales orientadas a servicios ecosistémicos y agrarios pero no logran retener a su población joven.
Esta clasificación facilitó la construcción de una estrategia de Desarrollo rural que pretendía una incidencia diferenciada en cada tipo de territorio, principalmente en cuatro ejes estructurales del desarrollo rural, tales como las cuestiones ligadas a la tierra y producción (eje 1), al agua (eje 2), al acceso a mercados y sistemas de comercialización (eje 3) y en las capacidades de retención de mano de obra juvenil en los territorios (eje 4).
Sin embargo, impulsar un enfoque que otorgue un rol protagónico a lo rural en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), con una planificación prospectiva para el desarrollo, enfrenta fuertes resistencias políticas. Diversos grupos partidistas han presionado para recibir recursos económicos directos o tener mayor influencia en la orientación del financiamiento destinado al desarrollo rural. Atender estas demandas puede mejorar la gobernabilidad de la administración en el corto plazo, sin embargo, a la larga debilita el proceso de construcción de una verdadera gobernanza territorial. En este contexto, permitir que intereses políticos condicionen el uso del presupuesto rural termina convirtiéndose en una moneda de negociación para consolidar bloques oficialistas frente a los retos coyunturales políticos. Así, persiste un escenario marcado por intereses partidistas y clientelares, donde los recursos tienden a dirigirse a obras con alta rentabilidad electoral, pero desvinculadas de las problemáticas locales y alejadas de una visión estratégica prospectiva del Desarrollo Rural.
Frente a esta realidad, los desafíos de la gobernanza territorial exigen fortalecer la institucionalidad vinculada al desarrollo rural, estableciendo reglas claras y garantizando la implementación efectiva de instrumentos, estrategias y políticas de largo plazo.
En Quito, no obstante, la política de desarrollo rural se ha convertido en una barrera que afecta incluso la gobernabilidad inmediata de las autoridades metropolitanas. Aunque el cambio de enfoque se mantiene en el discurso, en la práctica el proceso de redinamización rural para el futuro de la región, basado en una hoja de ruta estratégica, se ha detenido, dejando a la gobernanza local “en un estado inconcluso de avance” (Martínez-Godoy, 2022).
“Tuve que dejar de hablar con el Dirigente para entender lo que necesita la Gente” Fernando Naranjo, Ex prefecto de Tungurahua
1- Descentralización con participación ciudadana: más allá de lo administrativo La descentralización en Ecuador ha avanzado en áreas como vialidad y gestión ambiental, pero aún enfrenta desafíos profundos que limitan su impacto real en los territorios rurales. Aunque existen avances, estos suelen ser insuficientes para abordar problemas estructurales como el acceso al agua, la tenencia de tierras y la precarización laboral en zonas agroindustriales. La descentralización no debe reducirse a una mera transferencia de competencias, sino que debe fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones. Algunas iniciativas pueden generar rédito político, pero no resuelven problemáticas fundamentales. Esto refleja una tendencia en la que ciertos gobiernos locales priorizan proyectos visibles en lugar de atender necesidades estructurales. Un aspecto clave es el fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). En tiempos de crisis, como durante la pandemia, la dependencia de los fondos del gobierno central evidenció la urgencia de que estos gobiernos generen sus propios recursos y desarrollen capacidades administrativas sólidas. 2- Capital social territorial: la base del desarrollo comunitario Un elemento fundamental es el capital social territorial, es decir, la capacidad de las comunidades para organizarse, cooperar y generar consensos en torno a sus problemáticas. En muchos casos, desde los gobiernos locales se imponen visiones de turismo o desarrollo vial sin considerar las dinámicas locales. Esto limita la sostenibilidad de los proyectos, ya que sin participación real de la población, las iniciativas tienden a fracasar. Un ejemplo positivo “en el discurso” es la estrategia de desarrollo rural del Distrito Metropolitano de Quito, que integra no solo infraestructura vial, sino también desarrollo productivo, recuperación hídrica y remediación ambiental. Este enfoque multisectorial busca una visión integral de lo rural integrado con lo urbano. 3- Gobernanza ambiental: más allá de los límites administrativos En gestión ambiental, es clave adoptar estrategias de "escala localmente gestionable".Las economías de proximidad —que conectan directamente a productores y consumidores— son un ejemplo de cómo los gobiernos locales pueden promover sostenibilidad económica y ambiental. Un caso emblemático es Tungurahua, donde se ha fortalecido la gobernanza territorial mediante parlamentos temáticos (agua, trabajo, cooperativas) que fomentan la participación horizontal. Además, la cooperación interprovincial es clave en temas como la conservación de páramos, donde las mancomunidades permiten superar barreras político-administrativas. 4- Hacia una planificación estratégica y prospectiva Los gobiernos locales se ven limitados por las capacidades técnicas y políticas de los su personal. El “buen Desarrollo Territorial” consiste en la potenciación de las capacidades territoriales. En efecto, no podemos hablar del futuro del Desarrollo Territorial, sin hablar de un incremento de las capacidades de los actores territoriales favorables al proceso de “apropiación regional del conocimiento”. Esto también supone superar las "políticas reactivas" y avanzar hacia una planificación a mediano y largo plazo. Las asignaciones presupuestarias sin estrategia clara suelen derivar en inversiones sin impacto real. La clave está en combinar visión técnica con necesidades territoriales, evitando que los proyectos respondan solo a intereses políticos coyunturales. Referencias Martínez Godoy, D (2022). Dificultades y futuros del desarrollo territorial: Una reflexión desde el caso andino en Ecuador. Horizontes Territoriales, 2(4), 1–24.. https://doi.org/10.31644/HT.02.04.2022.A21 Patrouilleau, M., Taraborrelli, D., y Alonso, I. (2021). Los estudios prospectivos y la cuestión alimentaria en América Latina: un estado de la cuestión. En Políticas públicas y sistemas alimentarios en América Latina. E-papers/Red PP-AL. https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Record/INTADig_8050014602ec3e3b0746544a4d700cf5 Scott, M., Sturzaker, J., Gallent, N., Parker, G., Burnett, A., y Mell, I. (Eds.) (2025). Rural Planning Futures: Principles, Policy and Practice in the UK and Ireland. Routledge. Zhou, X., Wang, H., & Li, Y (2023). Spatial path to achieve urban-rural integration development: A theoretical framework. Habitat International, 134, 102822 https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2023.102822Reseña autor:
