"Transparencia con rostro rural: hacia una justicia informativa desde los territorios"

Introducción Durante décadas, las parroquias rurales del Ecuador han enfrentado una exclusión estructural que va más allá de la desigualdad en servicios públicos, infraestructura o inversión. Se trata también de una invisibilización en el espacio público informativo. Estadísticas, informes y narrativas suelen producirse desde centros urbanos, con criterios que ignoran las realidades sociales, culturales y productivas del mundo rural. Este sesgo no solo distorsiona la comprensión de las brechas existentes, sino que dificulta la formulación de políticas públicas pertinentes y situadas (CEPAL, 2022). Así, la información, lejos de ser una herramienta de equidad, se convierte en un espejo deformado que refuerza la exclusión. Si bien la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) reconoce el derecho a solicitar información, su ejercicio en zonas rurales enfrenta múltiples barreras: limitada conectividad, baja formación técnica, dispersión geográfica y uso de lenguajes administrativos poco accesibles. Estas condiciones impiden que los mecanismos formales de rendición de cuentas se alineen con la lógica territorial (Fox, 2007), generando así una transparencia sin ciudadanía. Frente a esta realidad, la justicia informativa interpela las desigualdades en el acceso y uso de la información pública (Atkins & Mahmud, 2021). Inspirada en la justicia epistémica (Fricker, 2007), plantea que todas las personas deben ser reconocidas como emisoras e intérpretes válidas del conocimiento público. Desde esta perspectiva, la transparencia focalizada propone priorizar datos que respondan a necesidades reales, y no a lo que las instituciones presuponen. Democratizar la información requiere escuchar las voces históricamente excluidas y construir, desde ese diálogo, condiciones para una equidad sustantiva donde lo rural sea sujeto activo del espacio público. El derecho a saber desde lo rural El acceso a la información pública es un derecho reconocido por la Constitución del Ecuador y diversos instrumentos internacionales. Más que una concesión institucional, constituye un derecho habilitante, esencial para ejercer otros derechos, participar en la vida democrática y exigir rendición de cuentas. Sin embargo, en los territorios rurales del Ecuador este derecho enfrenta obstáculos que restringen su ejercicio y distorsionan su propósito. La Constitución ecuatoriana, en sus artículos 18 y 91, garantiza el acceso a la información y su exigibilidad judicial, mientras que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), reformada en 2023, establece obligaciones claras para entidades públicas, incluyendo juntas parroquiales (Asamblea Nacional del Ecuador, 2023). A nivel internacional, Ecuador ha suscrito el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú, que refuerzan la obligación de garantizar este derecho en igualdad de condiciones, especialmente en contextos rurales y ambientalmente vulnerables (CIDH, 2000). No obstante, como advierte Mendel (2020), contar con marcos normativos sólidos no garantiza su aplicación efectiva. En la práctica, el área rural enfrenta limitaciones operativas: escasa conectividad, baja capacitación técnica y ausencia de plataformas digitales actualizadas (INEC, 2025). A ello se suma la inadecuación cultural de los formatos institucionales, lo que impide que comunidades indígenas y campesinas accedan a la información desde sus formas de deliberación colectiva (Ramírez, 2019). Además, la publicación de grandes volúmenes de información irrelevante o inaccesible ha dado lugar a la “transparencia simbólica” referida a un ejercicio que aparenta apertura sin garantizar derechos reales (Fox, 2007; Michener, 2019). Frente a ello, se requiere no solo voluntad normativa, sino políticas públicas interculturales y territorializadas que permitan a las comunidades rurales ejercer su derecho a saber como actoras activas del espacio público. Transparencia focalizada desde lo rural: desafíos y posibilidades En respuesta a las demandas de equidad territorial, la transparencia focalizada emerge como una alternativa al modelo genérico de publicación masiva y descontextualizada de datos. Este enfoque prioriza la pertinencia: ¿qué información es útil y significativa para cada comunidad? ¿Cómo se construye esa relevancia desde el territorio? El derecho a saber no puede ejercerse plenamente si la información pública no tiene valor estratégico para quien la consulta. En zonas rurales, esta desconexión es especialmente visible: muchos portales oficiales ofrecen datos técnicos y centralizados, poco comprensibles o directamente inútiles para la población rural (Atkins & Mahmud, 2021; Butcher, 2009; Michener & Worthy, 2020; Peruzzotti, 2021). Desconexión entre oferta institucional y demanda territorial La implementación de la transparencia focalizada en lo rural enfrenta una brecha entre lo que las instituciones publican y lo que las comunidades necesitan. Es común encontrar datos agregados a nivel nacional, mientras que información clave como presupuestos parroquiales, ejecución de obras o asignación de recursos locales no está disponible o resulta inaccesible (Defensoría del Pueblo, 2025). Además, los portales suelen estar diseñados con lenguaje técnico, sin navegación intuitiva, y con archivos escaneados o dispersos. Esto impide un uso efectivo por parte de comunidades con baja conectividad o alfabetización digital. A esto se suma el modelo centralista, que margina a gobiernos parroquiales como generadores legítimos de información. Condiciones para una transparencia transformadora Para que la transparencia focalizada tenga un impacto real en la equidad territorial, no basta con publicar datos; es necesario que se configure como una herramienta de transformación institucional y democratización del conocimiento público. Esto exige repensar las relaciones entre Estado y ciudadanía rural, y establecer al menos tres condiciones clave que aseguren la utilidad y legitimidad del acceso a la información: accesibilidad, soberanía tecnológica y cocreación. La accesibilidad requiere adecuación lingüística, pedagógica y cultural. La soberanía tecnológica implica que los territorios puedan definir cómo se produce y difunde la información que les afecta (Ada Lovelace Institute, 2021). Y la cocreación exige involucrar a las comunidades desde el diseño hasta la interpretación de los datos, mediante metodologías participativas y enfoque intergeneracional. Solo cuando la transparencia focalizada incorpora estas tres condiciones —no como principios decorativos, sino como pilares operativos— podrá dejar de ser un ejercicio burocrático y convertirse en una práctica efectiva, viva y transformadora. En ese marco, lo rural deja de ser un receptor pasivo para convertirse en productor legítimo de conocimiento público, restituyendo así el derecho a saber con justicia informativa y rostro territorial. Desafíos estructurales para la justicia informativa rural Garantizar el derecho a la información en territorios rurales no se resuelve únicamente con más conectividad o herramientas digitales. La justicia informativa, entendida como equidad en el acceso, uso y sentido de la información pública, enfrenta obstáculos estructurales que perpetúan la exclusión histórica de las comunidades rurales. Estas barreras —tecnológicas, lingüísticas, epistémicas e institucionales— desbordan la dimensión técnica, afectando profundamente la capacidad de participación y exigibilidad de derechos. En zonas rurales, la brecha digital combina carencias materiales, educativas y culturales. En 2024, solo el 48,1 % de los hogares rurales tenían acceso a internet, frente al 73,6 % en áreas urbanas; mientras que el analfabetismo digital fue de 14,1% en lo rural y el 1.9% en lo urbano (INEC, 2025). Este déficit impacta especialmente a mujeres campesinas, personas mayores e indígenas, limitando su capacidad de acceder a información relevante o participar en procesos de control social. Los portales oficiales, por lo general, no se adaptan a estas realidades: requieren conexión estable, cargan archivos pesados y utilizan terminología ajena al contexto rural. Así, la tecnología —lejos de ser un puente— muchas veces actúa como una barrera. Por su parte, el uso de lenguaje técnico y formatos institucionales dificulta aún más el acceso. La transparencia se presenta en jerga jurídica o contable, excluyendo a quienes poseen saberes no letrados, colectivos u orales. Como señala Ramírez (2019), este modelo impone una forma única de construir lo público, invisibilizando conocimientos comunitarios, como la oralidad o la memoria colectiva. Además, aunque el Ecuador promueve la descentralización, la mayoría de datos públicos siguen produciéndose desde grandes centros urbanos, con escasa desagregación territorial. Temas clave como salud, educación o inversión rara vez están disponibles a nivel parroquial, lo que debilita la planificación local y profundiza la invisibilidad estadística. Propuestas para avanzar hacia la justicia informativa rural Superar estos desafíos estructurales exige un enfoque transformador, que reconozca la diversidad territorial y promueva una transparencia situada, pedagógica y coconstruida. A continuación, se proponen tres estrategias clave: a. Participación intergeneracional: Involucrar a jóvenes rurales como mediadores digitales puede fortalecer procesos de alfabetización sin romper dinámicas comunitarias (CEPAL, 2022). Las nuevas generaciones pueden traducir los lenguajes institucionales, dinamizar procesos de alfabetización digital y construir puentes entre el saber ancestral y el conocimiento técnico b. Democratización de los datos abiertos desde el territorio: Implica plataformas de datos abiertos que incluyan información desagregada a nivel parroquial, en formatos accesibles, multilingües y compatibles con redes de baja velocidad. Se requiere que los datos sean construidos también desde abajo: que los GAD parroquiales, organizaciones comunitarias y actores locales participen en la recolección, interpretación y validación de los datos c. Cocreación y alfabetización crítica: Se requieren procesos sostenidos de cocreación entre Estado, comunidad y sociedad civil, que no se limiten a “consultar” a los territorios, sino a construir con ellos las agendas de transparencia. Talleres de alfabetización crítica en información pública, comunicación y acompañamiento técnico a los GAD rurales para habilitar el derecho a saber con pertinencia. Conclusión Repensar la transparencia desde lo rural implica cuestionar enfoques tecnocráticos y descontextualizados que han invisibilizado a las parroquias en el espacio público informativo. Como se ha argumentado, la justicia informativa no se logra solo con normas o plataformas: requiere superar desigualdades estructurales como la brecha digital, la exclusión epistémica y el centralismo de datos. La transparencia focalizada ofrece una vía alternativa, pero no suficiente por sí sola. Su potencial transformador dependerá de que se aplique desde y con los territorios, reconociendo la diversidad de sus demandas, lenguajes y formas de organización social. Esto exige transitar hacia modelos de información pública construidos en clave intergeneracional, intercultural y pedagógica, que integren procesos de cocreación con las comunidades rurales como protagonistas. El derecho a saber desde lo rural no se trata solo de acceder a un dato, sino de poder comprenderlo, utilizarlo, y convertirlo en acción política. La justicia informativa es una tarea pendiente del Estado democrático. Reconocer al territorio como sujeto productor de conocimiento y no solo como destinatario de información pública implica reconfigurar la arquitectura institucional de la transparencia y ampliar el sentido mismo de lo público. Referencias Ada Lovelace Institute. (2021). Participatory data stewardship: A framework for involving people in the use of data. https://www.adalovelaceinstitute.org/report/participatory-datastewardship/ Asamblea Nacional del Ecuador. (2023). Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública – LOTAIP Reformada. Registro Oficial Suplemento No. 305. Atkins, L. C., & Mahmud, A. (2021). Justicia informativa: Equidad de acceso, implementación e interacción. En Leal Filho, W., Azul, A. M., Brandli, L., Lange Salvia, A., Özuyar, P. G., & Wall, T. (Eds.), Paz, justicia e instituciones sólidas (pp. 1–15). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95960-3_80 Butcher, M. P. (2009). At the foundations of information justice. Ethics and Information Technology, 11(1), 57–69. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2022). Panorama social de América Latina 2022. Naciones Unidas. https://www.cepal.org/es/publicaciones/48616-panorama-social-america-latina-2022 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2022). Sistemas de información para el desarrollo territorial. Naciones Unidas. https://www.cepal.org/es/publicaciones/48353 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2000). Declaración de principios sobre libertad de expresión. https://www.oas.org/es/cidh/expresion/ Defensoría del Pueblo del Ecuador. (2025). Portal Nacional de Transparencia 2.0 [Sitio web]. https://transparencia.dpe.gob.ec/ Fox, J. (2007). The uncertain relationship between transparency and accountability. Development in Practice, 17(4–5), 663–671. https://doi.org/10.1080/09614520701469955 Fricker, M. (2007). Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing. Oxford University Press. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2025). Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU Módulo TIC. https://www.ecuadorencifras.gob.ec Mendel, T. (2020). The right to information: Recent developments and challenges. En UNESCO Series on Internet Freedom. Michener, G. (2019). Transparency traps: Accountability and access to information in Latin America. University of Michigan Press. Michener, G., & Worthy, B. (2020). 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